Programa de actividades

La ponencia tiene como propósito analizar si el sistema jurídico mexicano necesita del establecimiento de un mecanismo de control de convencionalidad en materia de armonización legislativa respecto a la ratificación de tratados internacionales que permita su instrumentación en el Estado mexicano.

La problemática se centra en si es viable que la aprobación de tratados se acompañe de de un desarrollo normativo, entendido este como el “paquete legislativo” que contenga las propuestas de modificación, derogación, abrogación o expedición de leyes que necesitaría realizar el Congreso de la Unión que permitan su implementación y operación estatal; así como las consecuencias de no armonizar nuestro marco jurídico respecto a los actores que forman parte del tratado.

Ya que, si bien la no armonización legislativa respecto a un tratado no implica su inaplicabilidad, el no hacerlo conlleva que la omisión legislativa tenga como consecuencia antinomias y lagunas jurídicas, que tienden a ser resueltas vía mecanismos de justiciabilidad o mecanismos de control constitucional.

La ponencia se desarrollará en un primer momento exponiendo la problemática, luego se explicará la normatividad vigente en la materia; se hará un análisis de derecho comparado de países seleccionados; se mostrarán casos específicos en los que ha sido necesaria la expedición de legislación que acompañe la entrada en vigor de tratados; y se esbozará una propuesta de mecanismo.

La ponencia pretende retomar el estudio presentado en el Congreso anterior del AMEI sobre la labor del Comité DESC, órgano de tratado del Pacto Internacional en la materia y establecer los puentes de conexión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Recordando la importancia del rezago en materia de derechos económicos, sociales y culturales, con el planteamiento de que los ODS son una prioridad en la presente década, de ello el interés en conectar la labor con el órgano de tratado de Naciones Unidas y las tareas pendientes en el tema.

La Resolución por la que se adopta la Agenda 2030 muestra que el Derecho Internacional estaba en la mentalidad de los negociadores. Sin embargo, su mención es muy limitada aun cuando debe considerase una interacción entre el Derecho Internacional Público y los marcos políticos y de políticas que sustentan el desarrollo.

En el marco del 75° aniversario de las Naciones Unidas, los Estados miembros adoptaron una Declaración que contiene 12 áreas de acción que también contribuyen a la aceleración en la implementación de la Agenda 2030. Una de estas áreas tiene que ver con el cumplimiento del derecho internacional y la garantía de la justicia. La propuesta formulada para cumplir con este compromiso figura en un documento denominado "Nuestra Agenda Común" preparado por el Secretario General y en el cual se presentan propuestas concretas para cada una de las mencionadas áreas de acción que están diseñadas para acelerar la consecución de la Agenda. El número 4 se refiere a “Respetar el derecho internacional y garantizar la justicia”.

Esta ponencia se propone analizar el papel del Derecho Internacional en la Agenda 2030 y cómo y en qué consisten las más recientes acciones para su aceleración que le han dado a este instrumento jurídico un espacio que no se le asignó en la resolución original de la Agenda y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.