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La integración de América del Norte comenzó formalmente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor el 1 de enero de 1994. El tratado, en el que participaron Canadá, Estados Unidos y México, recibió varias críticas a lo largo de sus 26 años de vigencia. Entre las críticas estaba que el regionalismo abierto establecido en el TLCAN carecía de instituciones regionales formales. Sin embargo, los Estados miembros tuvieron un incremento de transacciones financieras regionales a través del comercio, la inversión extranjera y las remesas. Cuando se renegoció el TLCAN en 2018, el resultante entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC o USMCAase’¡,p`0 o CUSMA) mantuvo la misma estructura que el TLCAN, con pocos cambios en el alcance del acuerdo.

No obstante, el Capítulo 17 del T-MEC tiene como objetivo mejorar la regulación y el comercio transfronterizo de servicios financieros entre los países miembros, promoviendo la transparencia, el trato justo y el acceso a los mercados del sector financiero. Utilizando un marco constructivista, el objetivo de este trabajo es resaltar cómo las normas establecidas en el Capítulo 17 del T-MEC tienen el potencial de regular el sector financiero en ausencia de instituciones y fortalecer la integración regional. A medida que nuevos servicios financieros (sobre todo Fintech y criptomonedas) se consoliden utilizando el marco del Capítulo 17, el marco regulatorio regional se integrará cada vez más en cada uno de los tres países norteamericanos.

El presente trabajo analiza a través de una revisión histórica documental el impacto económico del nearshoring y la oportunidad que este representa para el Estado de México, el nearshoring es una tendencia a la producción fragmentada y distribuida geográficamente desarrollada en el marco de la globalización que sin duda podría convertirse en una oportunidad, dado que permite ampliar relaciones económicas aprovechando la cercanía y posición geográfica privilegiada y que permitiría crecimiento económico. El Estado de México cuenta con 16, 992,418 habitantes que lo convierte en el estado más poblado del país en 2020 y en el segundo más densamente poblado, después de la Ciudad de México, (INEGI, 2024). Por su contribución económica al Producto Interno Bruto (PIB) en 2022, aportó 2.6 billones de pesos, lo que representó el 9.0% del PIB nacional, convirtiéndolo en el segundo lugar después de la Ciudad de México. El Estado de México cuenta con oportunidades como los espacios físicos y la mano de obra; el agotamiento de las zonas industriales tradicionales del estado para generar parques industriales, es un tema a replantar, para buscar la habilitación de nuevas zonas, en uno de los estados de mayor extensión territorial del país y sobre todo cuenta con mano de obra operativa y calificada, adicional a la cantidad de habitantes.

La presente ponencia busca reflexionar en torno a la creación y modernización de infraestructura binacional en la frontera México - Estados Unidos, en el marco del nearshoring, entendiendo la región como un espacio estratégico, en términos de las ventajas comparativas y competitivas que le consolidan como un lugar idóneo para la instalación de las empresas y, en consecuencia, de los cruces y puentes internacionales para la región.

La región fronteriza representa, per se, un espacio idóneo para la instalación de estas empresas, no sólo por la cercanía geográfica con los Estados Unidos, sino por la conectividad existente gracias a los corredores comerciales y la infraestructura binacional existente a lo largo de los diez estados fronterizos, y que involucra cerca de 60 cruces y puentes internacionales que conectan a ambos países.

Este boom industrial que está experimentando México debe complementarse con una planeación en materia de infraestructura binacional a mediano y largo plazo, con una visión integral de la región que permita atender, con la modernización y creación de nuevos cruces y puentes internacionales, las necesidades del suministro, producción e intercambio bilateral, a la vez que permita garantizar ordenamientos urbanos y territoriales sostenible en términos de las necesidades de las poblaciones y el desarrollo compartido que debe garantizar este fenómenos para las sociedades de ambos lados de la frontera