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El 10 de diciembre de 2018 fue adoptado el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, conocido como Pacto de Marrakech. Enumera 10 principios rectores y 23 objetivos para la acción de los Estados, reforzados por compromisos específicos para abordar los retos relacionados con la migración. El 19 de diciembre de 2018, la Asamblea General de la ONU hizo suyo dicho Pacto al aprobar la resolución A/RES/73/195, en cuyo debate se esgrimieron argumentos a favor y en contra de dicha adopción. A casi cuatro años de la adopción del Pacto de Marrakech, se hace una reflexión sobre la validez de los argumentos esgrimidos en el debate de la AGONU.

En el contexto actual es imperativo estudiar la migración internacional ante el aumento de la misma, siendo así que actualmente son más de 281 millones de migrantes a escala internacional lo cual pone en evidencia que las causas y los retos ante este fenómeno se han incrementado.

Es por ello que en la presente ponencia se plantea el contexto de México y Canarias tradicionalmente como lugares de tránsito del flujo migratorio, no obstante, en los últimos años se han enfrentado al incremento de la migración africana que en un primer momento busca meramente transitar para llegar al país de destino, pero debido entre otras cosas a políticas migratorias más restrictivas deciden buscar regularizar su estatus migratorio en estos lugares, haciendo que tanto México como Canarias se estén transformando en receptores de éste flujo migratorio.

En este sentido el objetivo principal de la ponencia es realizar una análisis comparativo de la creciente migración africana que llega tanto a México como a Canarias y el papel del Estado para el manejo y la recepción de dicho desplazamiento, es así como la pregunta central de la investigación es: ¿Son las acciones del Estado adecuadas para el manejo seguro y ordenado de la migración africana en México y Canarias?

En el último lustro se han emitido una serie de resoluciones y criterios judiciales en México que han abonado a la mejor protección de derechos humanos y a una mejor gestión y tratamiento de la migración internacional, sobre todo aquella que se da en condiciones de irregularidad. Estos precedentes judiciales contrastan con la operatividad de ciertas instituciones encargadas de la política migratoria en México y con legislaciones que en muchas de sus partes son contradictorias o eufemísticas.

De esta manera, se crea un ambiente de disputa entre los poderes del Estado. El activismo judicial es un concepto acuñado en Estados Unidos, pero que está tomando forma en los países de América Latina, su principal propósito estriba en limitar, precisamente, las actuaciones arbitrarias de los otros poderes del Estado. En palabras de Santos (2021, p. 384) es "una práctica jurídico-política capaz de proteger y fortalecer de una forma más eficaz los derechos humanos en el marco de una democracia deliberativa...".

En tal sentido, el objetivo de este trabajo consiste en esquematizar las principales resoluciones y criterios judiciales de los tribunales mexicanos relacionados con la protección de derechos humanos de personas migrantes internacionales, con la finalidad de inferir el impacto que han tenido en la reducción de actos arbitrarios de los otros poderes del Estado y en la mejor protección de estas personas. Para tal efecto, se empleará el método de análisis de sentencias del periodo 2018-2023 y el deductivo-analítico para arribar a conclusiones a partir de esta revisión.