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Esta presentación tiene como propósito cuestionar el paradigma de la sostenibilidad como guía para garantizar la provisión de los bienes y servicios públicos que subyacen de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Este cuestionamiento, se basa en el supuesto de que la gobernanza global emanada de la implementación y operación de Agenda 2030 ha favorecido la perpetuación del sistema capitalista a través de mecanismos de mercado, la creación de alianzas público-privadas (APP), entre otros, en favor de la participación activa de actores no estatales en áreas que antes eran exclusivas a los Estados. Se defiende la hipótesis de que esta dinámica ha generado el repliegue del Estado frente al mercado. En ese sentido, sostenemos que la trampa de la sostenibilidad consiste en que a pesar de que este paradigma promete el equilibrio entre economía, sociedad y medio ambiente; sus resultados se orientan a legitimar al libre mercado, a través de un discurso que invisibiliza o minimiza sus costos sociales y ambientales.

Existen tres metas en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que promueven una mejor distribución funcional y personal del ingreso. El objetivo 1, “Fin de la pobreza”; el objetivo 8, “Trabajo decente y crecimiento económico”; y el objetivo 10, “Reducción de las desigualdades”. Sin embargo, para conseguirlo, entre las pocas recomendaciones de política pública que los ODS’s promueven -las cuales se encuentra sintetizado en el objetivo 9, “Industria, innovación e infraestructura”- se siguen promoviendo las mismas políticas económicas que han estado vigentes desde hace décadas y que han llevado a un lento crecimiento, una tendencia decreciente de la participación de los salarios en el ingreso, y con ello a una precarización del trabajo, sobre todo en países en desarrollo. El propósito de esta ponencia es analizar cómo la aplicación de las políticas públicas sugeridas en el ODS 9, contrario a su objetivo, han provocado una caída sistemática de la participación de los salarios en el ingreso en el caso de México y una precarización del empleo, lo cual condiciona que un porcentaje muy elevado de la población mexicana se encuentre actualmente en condición de pobreza y que la pobreza extrema prácticamente se encuentre inalterado en los últimos años.

En Rusia a principios de la década de los 90 la refundación del Estado supone la reorganización de la totalidad del sistema político, desde luego de las instituciones también, de sus valores y leyes. A grandes rasgos, la relación con los actores privados se divide en dos etapas, ambas teñidas de la concepción neo patrimonial del poder y la política en la Federación Rusa: la primera, es la terapia de choque del entonces primer presidente de la Federación, Boris Yeltsin, considerada por su equipo necesaria. En esta primera etapa la privatización acelerada se caracterizó por múltiples prácticas ligadas a la corrupción y el mercado negro heredadas de la Unión Soviética, que derivaron en la concentración y apropiación de los bienes públicos en poco más de una docena de un nuevo grupo denominado oligarcas. En este sentido, la relación del Estado con los privados dependió en gran medida de la personalidad del presidente y sus decisiones; y no siempre del desarrollo comercial en el marco del respeto a las instituciones.