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Los países de Brasil, Perú y Colombia han planteado políticas públicas ambientales nacionales para atender diversos problemas que se desarrollan en la selva amazónica, como la tala ilegal, los incendios forestales, los cultivos ilícitos, el cambio en el uso de suelo, entre otros. Sin embargo, no han logrado favorecer la conservación del ecosistema y la estabilidad de los pueblos, al encontrarse incrementos significativos en la deforestación y en la explotación económica descontrolada del territorio.

Durante los últimos diez años, estos países presentaron un aumento en la degradación del territorio y en la pérdida de cubierta forestal, lo que demostró que, desde el campo nacional, han sido poco eficaces para detener la degradación de la región. De manera complementaria, han exhibido bajos niveles de cooperación internacional, una marcada defensa de la soberanía nacional de cada uno y el poco o nulo impulso de políticas públicas conjuntas.

Brasil, Perú y Colombia han tratado de intervenir los diversos problemas ambientales. Sin embargo, “hay un número cada vez mayor de graves problemas mundiales o regionales que desafían las capacidades de cualquier gobierno para resolverlos por sí solo” (Legler, 2021, p. 239). Teniendo en cuenta que, la Amazonía es el territorio que produce la mayor cantidad de oxígeno, a nivel mundial y conservar la mayor biodiversidad del planeta, en el cual, su destrucción contribuiría con el cambio climático y la emisión de gases con efecto invernadero.

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mundo es la escasez del agua y si bien es imposible hablar de escasez en todo el mundo cada vez se hace más visible está situación, esto aunado a la interdependencia que se presenta por los recursos compartidos, lo cual ha ocasionado que el agua transfronteriza se convierta en un recurso estratégico que brinda a quien lo controla una posición estratégica. Y si bien en el caso de México y Estados Unidos sus ríos transfronterizos están regulados bajo un Tratado Internacionales de Aguas establecido en 19944, este sigue siendo objeto de una relación asimétrica entre los actores (relaciones de poder y económicas) y un deficiente e inequitativo uso del agua proveniente de estos ríos en las diferentes actividades económicas lo que ha provocado un incremento de los conflictos socio ambientales por estos recursos.

La Relación entre México y Estados Unidos (EE.UU) ha sido tradicionalmente compleja, inevitable y, a su vez, estrecha. Teniendo, 3152 kilómetros de frontera compartida, a lo largo de su historia ambos países han tenido una tradición de continuo intercambio comercial, inversión extranjera, medidas migratorias, políticas conjuntas de seguridad y en las últimas décadas de cooperación en temas de medio ambiente. En materia de distribución del agua, esa cooperación no ha sido la excepción, ya que se estableció un Acuerdo como mecanismo binacional para su distribución en 1944, el cual ha estado activo hasta la fecha.

Sin embargo, a partir de la década de 1990, se comenzaron a generar problemas como la falta de lluvias en periodos prolongados, generando sequía. En el marco del Acuerdo, México comenzó a tener problemas con las cuotas quinquenales de agua hacia EE. UU., generando discusiones sobre el pago entre ambos países. Estas discusiones suceden cada cinco y diez años desde 1990, debido a los retrasos en el pago de cuotas del agua por parte de México y las problemáticas generadas para realizarlo, como la puesta en riesgo de cultivos y de ciudades fronterizas por satisfacer la demanda de las cuotas estadounidenses.

El objetivo es analizar las metas e indicadores que se plantearon en México respecto a los objetivos para el desarrollo sostenible (ODS), a fin de identificar lo que desde la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se ha concretado para visibilizar los procesos ODS que a nivel local se cumplen. Con una metodología cualitativa y descriptiva, se implementaron el método sistemático para el análisis de información y el de estudio de caso, aplicando observación participante, cuestionario y entrevista semiestructurada para verificar que la UAS tiene áreas de oportunidad para incentivar la transición de la sostenibilidad que permite afrontar los desafíos de vulnerabilidad e instrumentar una educación para el desarrollo sostenible (EDS) generando un ecosistema que incorpore a la docencia y la investigación. Se encontró que los docentes aceptan experimentar los conceptos ODS en los materiales didácticos para que los estudiantes puedan comprender la agenda 2030 y los problemas que atiende a nivel global, el 96% consideran que estas estrategias podrían seguirse de manera institucional, dado que, por iniciativa propia, sería complicado su seguimiento y evaluación, el 87% estiman que para la transferencia de competencias ODS, se debe incorporar la aplicación de los ODS a los planes de estudio, a fin de sensibilizar a los estudiantes, además de ofrecerles un conocimiento con base científica y social; el 72% estiman necesario realizar investigación al respecto. Se concluye que corresponde a los órganos de gobierno universitario instrumentar políticas y proyectos ODS de manera transversal, como una estrategia de EDS a través del Modelo EDS-ODS.