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En la actualidad, el gobierno provincial de Nova Scotia, una de las provincias marítimas –o atlánticas– canadienses, se encuentra en un momento de cambios y adaptaciones obligadas, debido a que el gobierno federal de Justin Trudeau ha propuesto un ambicioso plan para reducir en un 40 por ciento las emisiones contaminantes canadienses para 2030 –considerando los niveles emitidos en 2005–, para posteriormente alcanzar cero emisiones netas en 2050. Este mandato federal es un reto para todas las provincias y territorios de Canadá, pues de no cumplir con las cuotas de reducción, cada una deberá pagar una serie de sanciones económicas al gobierno federal por su omisión o tardanza en alcanzar acuerdos entre su clase política y empresarial local. En este sentido, Nova Scotia cuenta con ricas y potenciales fuentes de energía renovable, pero su adecuado aprovechamiento dependerá, en los próximos años, de las negociaciones y acuerdos alcanzados entre su clase política y empresarial local.

La apertura comercial y financiera de la economía canadiense y las políticas a favor del libre mercado cada vez más radicales a raíz de la crisis financiera del 2007-208, aceleraron su integración a la dinámica económica estadounidense en la lógica de la financiarización. Esta dinámica requiere una creciente desregulación de la economía, particularmente financiara y se apoya en políticas económicas totalmente comprometidas con los equilibrios macroeconómicos, la libre competencia y continuos recortes presupuestales (políticas reconocidas en la literatura heterodoxas como políticas que restringen el crecimiento económico y en su caso inhiben el desarrollo, creación de empleo bien remunerado y promueven las desigualdades sociales acompañadas del creciente endeudamiento de los sectores económicos, entre ellos el de los hogares en aras de favorecer el libre flujo de capitales (inversión extranjera).

Este proceso de desregulación comercial y financiera generó cambios estructurales en la economía canadiense, cada vez más orientada al sector servicios y dependiente de crecientes entradas de inversión extranjera como fuente de financiamiento que promueve la acelerada expansión del crédito y contribuye así a todo el proceso endeudamiento de los hogares. Cabe mencionar que la reducción de los presupuestos públicos como parte de estas reformas restrictivas, ha creado un gran debate en las esferas públicas, privadas y sobre todo en la academia desde la década de los noventa. Este trabajo pretende abonar al debate en cuestión.

En los primeros veinte años del siglo XXI, la política exterior de Canadá se ha reformado, dando paso al incremento de sus relaciones con América Latina. Desde la década de 1990, Canadá mostró un interés creciente de participar en los asuntos hemisféricos y en las instituciones interamericanas, debido a la reestructuración del sistema-mundo del fin de la guerra fría. El ingreso de Canadá a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y su inserción en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), actualmente T-MEC, así como la firma de acuerdos comerciales con varios países de la región hace que el país practique su tradicional política multilateral en el hemisferio occidental. Esta nueva política exterior retoma ciertas características de la tradición de potencia media que Canadá ejerció en el pasado y ahora la pone en práctica en las Américas. El objetivo de este trabajo es explorar cuáles son las características de la política exterior de Canadá en las Américas, particularmente en la región de América Latina y el Caribe (ALC). Los temas abordados en el estudio son la integración comercial, la diplomacia y las relaciones culturales. Principalmente, el trabajo analiza el papel de Canadá en los últimos años y cómo el interés hemisférico del país se presenta con las administraciones conservadoras y liberales.