Programa de actividades

Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) modifican la definición tradicional del desarrollo al integrar el fortalecimiento del Estado de derecho como factor de desarrollo. La inclusión del estado de derecho como un indicador de desarrollo en los ODS permite explorar una nueva perspectiva de desarrollo, midiendo las capacidades institucionales en materia de justicia, derechos humanos y democracia, su relevancia depende de que los países lo integren en su modelo y reporten grados de avance. Existe el riesgo de que los países excluyan arbitrariamente estas metas e indicadores dentro de sus prioridades, en tanto ponen en evidencia casos de corrupción, debilidad y disfunción de capacidades institucionales o el involucramiento de autoridades en actividades criminales o violaciones a derechos humanos. Esta investigación responde a tres preguntas: ¿qué indicadores de Estado de derecho son seleccionados por los países latinoamericanos en su definición de desarrollo?; ¿esta selección permite medir avances en el fortalecimiento del Estado de derecho?; ¿qué indicadores evaden reportar y cuáles son sus consecuencias institucionales? Para responder a estas preguntas, analizaremos la selección de indicadores ODS 16 y de demás indicares que permitan medir el Estado de derecho, de los países latinoamericanos de acuerdo con la información nacional reportada a las Naciones Unidas y a organismos regionales. Desde un enfoque institucional comparado, analizamos la selección de indicadores de cada país para identificar su compromiso con la consolidación de un Estado de derecho democrático e incluyente y su congruencia con la definición de desarrollo que se desprende de los ODS.

El objetivo de esta ponencia es analizar el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) en América Latina, con especial énfasis en dos casos paradigmáticos. El caso de Venezuela (denominado Venezuela I) es representativo porque es el primero en el que un grupo de Estados remite un caso al Fiscal de la CPI, por lo que se abrió un examen preliminar sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en dicho país. Sin embargo, en vista de la falta de cooperación y de la ausencia de intención real de llevar ante las autoridades a los perpetradores, el Fiscal decidió abrir una investigación formal (función de intervención oportuna). Adicionalmente, Venezuela solicitó un examen preliminar a la CPI en contra de personal estadounidense por crímenes de lesa humanidad, este caso se ha denominado Venezuela II.

El caso de Colombia es un ejemplo de la función de prevención, tanto positiva como negativa, de la CPI, así de la complementariedad positiva en cuanto al apoyo al Estado para generar capacidades y llevar ante tribunales nacionales a los perpetradores de crímenes atroces, además de asesorar y apoyar a Colombia en un proceso de justicia transicional. Lo anterior, se desarrolló durante el examen preliminar llevado a cabo por la CPI en Colombia, con una duración de 17 años y que finalmente no llegó a una investigación formal. Cabe mencionar que actualmente las víctimas están solicitando que el Fiscal brinde mayores detalles del por qué se cerró el caso.

La presente ponencia pretende exponer la importancia del arbitraje internacional como un mecanismo efectivo en las disputas internacionales, ya sea en controversias entre Estados o entre particulares en la esfera jurídica internacional, siendo especialmente relevante estas última, pues ante el conflicto de leyes y competencias por ser de diferentes nacionalidades y regirse por su derecho nacional, resulta ser el medio de solución idóneo debido a la fuerza vinculante que lo caracteriza, y por los diversos tratados internacionales que obliga a los Estado a reconocer y dar cumplimiento a laudos arbitrales, dándole certeza jurídica a las partes en conflicto.

Finalmente, se abordaran casos relevantes de arbitraje comercial y arbitraje en el deporte, que pondrán de manifiesto el alcance del arbitraje como método eficaz de solución de controversias internacional.